Renuncia rector de la UPH; lo relacional con la Estafa maestra

Huejutla.- Luis Andrés Domínguez, presentó su renuncia como rector de la Universidad Politécnica de Huejutla. También es ex rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México, de la cual está involucrado por presuntos actos de corrupción en el reportaje de la “Estafa Maestra”, que da cuenta de desvío de millones de pesos del erario.
La renuncia a la Universidad Politécnica de Huejutla fue una vez que culminó la auditoría de un despacho externo que concluyó mediante un informe que no hay observaciones en el ejercicio fiscal 2017 en la cual se aclara que no hubo ningún quebranto al patrimonio ni ningún desvío de recursos.
El día 28 de febrero se informó al personal y alumnos sobre los resultados mediante un informe de auditoría donde se dio a conocer las observaciones que el despacho externo presentó a la institución las cuales son de tipo administrativo
Luis Andrés Domíngez estuvo al frente de la UPH por 3 años y su renuncia está a disposición de las autoridades educativas.
Domínguez Alejandro, asumió el encargo en Hidalgo en el mandato del ex gobernador Francisco Olvera Ruiz, proveniente de Tabasco y tras laborar en UP del Golfo de México.
En la información vertida, el rector lo mencionan por su presunta complicidad en 4 convenios a una instancia de gobierno, que generó una comisión de 81, 649, 500 pesos.
De acuerdo con los medios digitales las instituciones públicas con presuntos desvíos son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
La investigación también de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, argumenta que los contratos violan la Ley General de Adquisiciones en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.
Estableció que el dinero de las dependencias fue entregado a las universidades y estas a su vez lo entregaron a empresas fantasmas que no realizaron el servicio con un sobreprecio de los servicios contratados y generando una comisión de hasta el 15 por ciento.

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